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casco antiguo abundan los controles de vigilancia consisten-
tes en cámaras de vídeo y en una presencia policial cada vez
más acentuada. Cabe mencionar la Llei de Civisme (Ley de
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Civismo), cuya lista de ordenanzas se alarga cada año y que
entró en vigor en el 2006 para regular los comportamien-
tos y las actividades en el espacio público (Ajuntament, Pro-
jecte). Algunas actividades prohibidas cuando se carece de
permiso municipal son las siguientes: escupir, dormir, con-
sumir alcohol, mendigar, distribuir comida, vender, vomi-
tar, pintar, patinar, jugar a la pelota, pactar servicios sexua-
les, colgar objetos de los balcones (ropa, banderas), colgar
pancartas o pasquines en la plaza o calle, recoger objetos ti-
rados de los contenedores, colocar bienes muebles en el es-
pacio público, tocar música o cualquier tipo de interpreta-
ción artística (Desacuerdo 40; Ajuntament, Projecte; Merino
8-9). En el caso de concederse el permiso para hacer tal ac-
tividad, debe realizarse dentro de los límites de cierto lugar
y cierta hora. 20
19 Podemos afirmar que, al menos desde 2011, la policía de Barcelona
ha desempeñado un papel demasiado “activo”, hasta el punto de que la
propia Amnistía Internacional ha decidido investigar el acoso policial de
la ciudad condal (Pino, Amnesty).
20 En “Metaphors to Live By”, Mitchell destaca que existe gente que
prefiere un espacio controlado porque le parece más cómodo y seguro:
“People become comfortable by giving up their active political involve-
ment in space and acquiescing instead in becoming spectators of the ur-
ban ‘scene’” (“Las personas se sienten cómodas al renunciar a su par-
ticipación activa en el espacio y al aceptar ser espectadores de la ‘escena’
urbana” [mi traducción, su cursiva]; 115). En este contexto, Mitchell
está hablando de las personas en los centros comerciales estadouniden-
ses, aunque como vemos en el caso de Barcelona, esto también se aplica
globalmente a la clase privilegiada, al turismo de masas y a los inverso-
res extranjeros.
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Revist a de alces XXI
Curiosamente, la intensificación del control estatal en
las ciudades coincide con la crisis económica actual (2008),
con el surgimiento del 15M (2011) y con la llegada al go-
bierno del Partido Popular (2011). Dado que la criminali-
dad siempre ha sido comparativamente baja en las ciuda-
des españolas, tal y como señalan los investigadores, este
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endurecimiento del control social y policial apunta a que
tanto el gobierno autonómico como el nacional están utili-
zando estas medidas legislativas para frenar cualquier atisbo
de protesta y para ocultar el malestar creciente, sosteniendo
así la imagen de un paisaje urbano entendido como “zona
de placeres sin interrupciones”, como decía Mitchell. Te-
niendo en cuenta este incremento del control estatal y le-
gislativo, se puede entender mejor por qué los organizado-
res de #fP no pudieron avanzar en su campaña contra el Pla
d’usos, optando en su lugar por adoptar una vía de actua-
ción menos directa ante las autoridades. Daniel escribe que
“el mayor problema no es tanto el texto de la ley (de por
sí abusivo) como su aplicación discrecional en función del
agente de turno y de la persona potencialmente infractora
según su perfil (local/turista/migrante, rico/pobre, nivel so-
cio-económico, etc.).” Así, #fP trasgrede varias normativas
de la Llei de Civisme al no pedir permiso para reunirse en la
plaza, al llevar sus propias sillas o mesas, al distribuir comi-
da, al pintar y al colgar panfletos de información histórica
y dibujos de niños. Hasta ahora las intervenciones, a pesar
de su visibilidad, han pasado relativamente desapercibidas
por las autoridades. En las dos primeras intervenciones, en
Sant Miquel y Sant Cugat respectivamente, los policías se
21 Este dato procede de un estudio que hizo las Naciones Unidas en el
2012: “United Nations Survey of Crime Trends”. Véase Cowen.
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Número 2 , 2014-2015